Confirmado: la 7.722 está vigente y los proyectos mineros deben ajustarse a ella

La normativa defendida en 2019 ante la reforma y la creación de la Ley 9.209, está vigente, por lo que las protestas violentas confirman que no se trata de grupos ambientalistas, sino de grupos que son derechamente antimineros.

Por Edu Gajardo

La creación en 2007 de la Ley 7.722 significó el freno al desarrollo de la actividad minera en Mendoza, principalmente por el artículo 3ª de la norma (que tenemos que recordar que nunca fue reglamentada) que establece un filtro político para la aprobación de cualquier proyecto minero metalífero en cualquiera de sus etapas.

En 2019, apenas asumió, Rodolfo Suarez logró amplio apoyo legislativo para reformarla y en su lugar se promulgó la Ley 9.209. Sin embargo, violentas protestas antimineras en las calles llevaron a que, el ahora exgobernador, decidiera derogar la normativa.

Desde entonces, la 7.722 sigue vigente y los proyectos mineros que se quieran realizar en Mendoza se tienen que acomodar a sus exigencias. En 2019 el discurso de los políticos y grupos que se oponen a la actividad minera fue que no se oponían a la industria, sino que defendían la ley que -según dicen- es la defensora del agua.

Con eso claro, no se logra entender el nivel de violencia con el que impidieron la puesta en marcha oficial de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Si la ley está vigente y no se oponen a la actividad minera, no se logra entender cuál es la razón que los llevaría a aplicar tal nivel de agresividad por la simple apertura de una cámara sectorial.

Claramente, no estamos hablando de ambientalistas, sino de antimineros que en base a una posición ideológica se van a oponer siempre, y aplicando cualquier tipo de medida extrema, buscando que -como ocurrió en 2019- se logren sus objetivos.

No hay ningún proyecto posible hoy en Mendoza que no cumpla con la 7.722 porque está vigente y todo lo que se está haciendo está en el marco de esta normativa.

Lo que desnuda la violenta acción de estos grupos antimineros, es que sólo era relato esa posición de 2019, cuando decían que no se oponían a la minería, sino que la querían dentro del marco de esta ley que, entre otras cosas, establece que sea la política la que tenga la palabra final para aprobar un proyecto.

Nunca les importó la Ley 7.722 y tampoco les importa si realmente defiende el agua o no. Estos grupos tampoco son defensores del agua, porque no hacen un trabajo que respalde eso. Sólo se reúnen para sus acciones antimineras, no tienen ninguna labor concreta en cuidado y estudio del uso del recurso hídrico y no se manifiestan ante hechos en los que el agua de Mendoza si se ha visto realmente comprometida (y no por la minería claramente).

Entonces, si la Ley 7.722 sigue vigente y establece una serie de instancias en las que se incluye la voz de todos los actores sociales, no se entiende el nivel de violencia aplicado por estos grupos antimineros. Una vez más quieren instalar el miedo como la base de su estrategia para frenar una actividad que es absolutamente necesaria para los desafíos ambientales que tiene el planeta.