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Legislatura y minería: donde el relato importa más que la ciencia

Los promotores de la legislación antiminera vigente vieron en la política y en sus intereses la mejor herramienta para frenar cualquier intento de avanzar con la actividad en Mendoza. A 15 años de su entrada en vigencia sigue demostrando que ahí está el problema.

Por Edu Gajardo


Dos cosas son fundamentales cuando se hablar de la Ley 7.722. No protege el agua y su único fin es impedir el desarrollo de la actividad minera. Directamente, se trata de una ley centrada en la política, porque pone en manos de representantes de colores partidarios decisiones que no deberían pasar por otro análisis que no sea el técnico.


Cerro Amarillo retomó su tratamiento después de ser puesto en pausa en 2014 por una cuestión puntual, el inventario de glaciares, pero su tratamiento se dilata a partir de los pedidos que se hacen desde la política y que le hacen a la política.


Aunque se trata de una instancia exploratoria con un mínimo impacto ambiental, que en cualquier lugar del mundo se sustenta en parámetros científicos claros y estrictos, bajo la mano de la política partidaria aparece como si fuera un proceso muy complejo que necesita de mucho tiempo de análisis más allá de que ya establecieron los especialistas la DIA. Pero lo más curioso, es que ese análisis lo realizan personas que no están preparadas para hacerlo, porque no tienen el sustento técnico y tampoco teórico.


Por eso, una vez más la ley antiminera cumple con su objetivo y "pone palos en la rueda" y demora una DIA de exploración que no resiste mayor análisis, porque se trata de un proceso primario y menor, un primer paso de un plazo de 10 o más años para pensar en un mina, y siempre que los numerosos estudios que hay en el camino sean positivos.


El problema que existe con el paso por la Legislatura de todas las DIAs, está en que la realidad nos dice que allí "gana" el que tengan un mejor relato o resulte más convincente para los actores políticos. Eso, porque ninguno de los legisladores -o quizás muy pocos, contados con los dedos de una mano- tiene el sustento o la base de conocimiento para poder calificar lo que se les está diciendo.


La política permite que se abra la puerta a cualquier posición, sin requisito técnico alguno, para poder llevar una posición capaz de frenar un proyecto de exploración o de explotación. En este caso, se tomaron en cuenta reclamos de actores antimineros de la primera línea y se acogen reclamos "administrativos" en referencia a la vigencia de las DIAs que la misma Corte Suprema ya zanjó. Todo está escrito en el fallo por el pedido de inconstitucionalidad presentado por San Jorge.


El gran problema es que en esta instancia está todo permitido, porque como la 7.722 nunca fue reglamentada, se avanza como se estima y como se quiere. En este paso, la política partidaria hace lo que le parece o lo que sea mejor para sus intereses electorales. Por si no lo recuerdan, eso quedó clarísima en 2012 cuando Francisco Pérez pidió a los legisladores peronistas archivar San Jorge para poder llegar a ser gobernador. Luego, ya sabemos lo que vino, una de las peores gestiones de la historia de Mendoza.


Sin parámetros, sin conocimientos técnicos, los legisladores se sientan a escuchar a todos los invitados que pasan por las comisiones y votan a quien más los convence o a quien les manda el partido. Poco importa lo que dice la DIA -si es que las leen- y lo que vale es lo que a ellos les parece a partir de las posiciones que se presentan.


No debería extrañar esta particular situación que se da en Mendoza, porque la misma ley que obliga a mandar las DIAs a la Legislatura carece de fundamentos técnicos, pero deja ese filtro que le permite a los activistas antiminería frenar lo que desde la ciencia no podrían. Sin embargo, cuando la decisión pasa por un color partidario o una persona que vive de su puesto político, saben que pueden influenciar y presionar, cuestión probada en los hechos.


Ahora, una vez más la política se toma su tiempo para analizar lo que ya fue estudiado por especialistas científicos y técnicos, se toman un tiempo valioso en una provincia que no resiste más espera y necesita a todos sus actores productivos trabajando.


Sentémonos a esperar.

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