Mendoza, un Estado que perdió el ADN minero de la mano de la ley 7722

El Plan Pilares destaca cómo en el Estado hay bajo conocimiento sobre la industria minera. Antes que se aprobara la Ley 7.722 comenzó el éxodo de profesionales mineros.

Por Edu Gajardo/Memo Diario

La semana pasada estuvo de visita en Mendoza el secretario de Minería de la Nación, una figura que -como tal- resulta poco relevante para el desarrollo de la actividad. Eso porque el manejo de los recursos naturales corresponden a las provincias.

Luis Lucero vino a la presentación del Plan Pilares y dar muestras de apoyo a la gestión provincial en su plan de desarrollo minero, pero la realidad es que no marcan diferencias. De hecho, en el 2019 cuando Mendoza necesitaba apoyo para sostener la Ley 9.209, el secretario de ese momento, el sanjuanino Alberto Hensel, brilló por su ausencia. No mandó ni un SMS.

Sin embargo, el valor de la visión de Lucero y su díscolo comentario en contra de la 7.722, es relevante dado su amplio conocimiento del pensamiento empresario a la hora de tomar la decisión de invertir en un proyecto minero. Pero no sólo fueron las palabras del abogado, sino también lo que refleja el mismo Plan Pilares en su documento base, el cual confirma cómo pegó la ley antiminera en 17 años.

El documento destaca cuestiones que están directamente relacionadas con la vigencia de la ley antiminera, como la postergación de la Dirección de Minería durante tantos años y la falta de preparación y conocimiento que existe en el Estado sobre minería. Sobre la repartición, señala como debilidad el "poco presupuesto y poca visibilidad en la sociedad" que tuvo.

Como dice el texto, otra de las debilidades que tiene Mendoza -referida a la ley 7.722- es que están "dejando librada la aprobación de los informes de carácter eminentemente técnico a consideraciones de carácter político". 

De hecho, el estudio señala que "se han analizado los antecedentes de los miembros de la Cámara de Diputados y del Honorable Senado de la provincia de Mendoza y ninguno posee las profesiones de Ingeniería en Minas o Geología, o alguna ingeniería o doctorado con especialización en Minería, u otras profesiones donde se posea un título de posgrado vinculado a la actividad minera". 

En un documento cargado de información valiosa y proyecciones que denominan "posibles", nombra sólo en dos oportunidades a la Ley 7.722 por su número, pero mide sus consecuencias y deja claro el efecto que tienen los años de retraso de la actividad en Mendoza. En lo concreto, indica que genera "inseguridad jurídica en la Provincia a raíz de la implementación de la Ley 7722 que limita el incentivo a la exploración y la actividad minera".

Conocimiento de minería en el Estado

"En relación al conocimiento sobre la actividad minera que detentan el Poder Legislativo y Poder Judicial, podemos adelantar que en Mendoza no ha existido una cultura educativa vinculada a la minería", dice el documento base del Plan Pilares, confirmando cómo desde el 2007 se cerró la puerta a la actividad por completo.

Lo mismo se confirma en el párrafo siguiente, en el cual destaca que "en general, la falta de incorporación de la materia Geología o Minería en los distintos niveles educativos, y en la sociedad en general, ha generado un desconocimiento de todo lo relacionado con la industria, su desarrollo, la cadena de producción y sus productos finales".

En el fondo, el estudio dice que en Mendoza no se sabe de Minería. En eso fue clave que el Estado se vaciara de funcionarios con experiencia minera hasta la actualidad. Las personas con recorrido en la industria no están en la función pública. A partir de la 7.722 la mayoría siguió trabajando en el sector privado fuera de Mendoza y sólo en el extinto Consejo de Minería había profesionales experimentados en el sector. 

Un ejemplo es Carlos Monjo, geólogo con amplia experiencia en el sector privado y director de Minería. Encabezó la misión del 2005 al PDAC de Toronto y trajo inversores. Se fue cuando Julio Cobos le cerró las puertas a la actividad, antes de dar luz verde a la ley antiminera.

Incluso, después de muchos años de Carlos Molina como titular de una Dirección de Minería abandonada en la gestión de Jaque y Pérez, incluso se improvisó con la figura de Santiago Fernández (exdirector de Hidrocarburos). No siguió en el cargo porque pasó a PRC SAU (actualmente en Impulsa Mendoza S.A.) y porque no tenía los títulos que exigía la ley (en ese entonces) para ocupar el cargo en plenitud. En su lugar llegó el ingeniero en minas Roberto Zenobi, quien si tiene experiencia y fue el último funcionario con adn minero en el Estado, pero dejó sus funciones en diciembre.

Hoy, hablando específicamente de funcionarios, los que están al frente del desarrollo minero no tienen en sus currículum historia en la industria. Lo que sí existe, y es sumamente valioso, son personas que se están involucrando en cuestiones como -por ejemplo- el Plan Pilares. Profesionales que sí tienen un largo recorrido y experiencia en el desarrollo de proyectos muy importantes. Sin embargo, aún falta para decir que el Estado está recuperando el adn minero que algún día pudo tener.

Por eso, el mismo Pilares destaca en una de sus tantas conclusiones, que "se puede suponer que el grado de conocimiento sobre la actividad minera de los demás poderes del Estado es bajo o parcial, lo que lleva a determinar que, en ocasiones, el conocimiento sobre el sector minero está basado mayoritariamente en sus propias creencias o influenciado por actores no necesariamente conocedores del sector minero".

Así, en sus 17 años, la Ley 7.722 no sólo detuvo inversiones, sino que casi no dejó rastros de minería en el Estado, a pesar que por ley todos estos años debió impulsar una actividad lícita y beneficiosa.