Análisis de Mendoza en el Informe Fraser: lo que premia y lo que castiga el mercado

Un análisis detallado de los indicadores del informe muestra, punto por punto, qué aspectos del entorno minero provincial son valorados y cuáles siguen siendo señalados como limitaciones.

El Annual Survey of Mining Companies 2025 del Fraser Institute ofrece un conjunto de indicadores sobre cómo es percibida Mendoza dentro del mapa global de la exploración minera. La provincia volvió a ser evaluada, lo que refleja que hubo actividad e interés suficiente para que ejecutivos del sector la incluyeran en sus respuestas. Esa visibilidad recuperada es una señal institucional positiva. Pero el informe también sugiere que el desafío central no es geológico, sino regulatorio.

Con 53,06 puntos en el índice general y 46,94 en percepción de políticas públicas, Mendoza se ubica en el tercio inferior de las 68 jurisdicciones analizadas. El mercado no está cuestionando la existencia de recursos, sino la previsibilidad del entorno institucional.

El desagregado por variables permite identificar dónde se concentran las percepciones más críticas. Más del 85% de los encuestados percibe algún grado de freno en regulaciones laborales. En acuerdos socioeconómicos, casi el 80% identifica obstáculos. En infraestructura, el 75% señala limitaciones. En incertidumbre sobre la administración e interpretación normativa, un 40% se ubica en categorías de freno fuerte o excluyente. Es en ese conjunto de factores donde aparece la prima de riesgo asociada a Mendoza.

En materia ambiental, el panorama es más matizado de lo que suele plantearse en el debate local. El 50% de los encuestados no considera el marco regulatorio un obstáculo. Sin embargo, un 30% lo percibe como freno fuerte o directamente excluyente. La Ley 7.722 no es evaluada de manera directa por el Fraser, pero su influencia se proyecta sobre estas variables.

Comparación inevitable

Aquí la comparación con San Juan resulta inevitable. En la provincia vecina, alrededor del 60% de los encuestados considera que la regulación ambiental no es disuasiva y sólo cerca del 10% la ubica como freno fuerte, sin respuestas en categoría excluyente. La diferencia no parece radicar exclusivamente en el estándar ambiental, sino en la percepción de estabilidad del proceso. San Juan no incorpora una instancia legislativa obligatoria posterior a la Declaración de Impacto Ambiental, lo que reduce el componente político del trámite y acorta la exposición institucional.

En ese punto aparece una de las particularidades del esquema mendocino. La 7.722 no sólo prohíbe el uso de determinadas sustancias, como el ácido sulfúrico, sino que establece la validación legislativa de cada proyecto. En el entorno regional, no existen muchos antecedentes comparables. En Chile y Perú, por ejemplo, el sistema se basa en evaluación técnica ambiental con instancias administrativas y judiciales de revisión, pero no en aprobación parlamentaria proyecto por proyecto. Incluso en otras provincias argentinas con regulaciones ambientales estrictas, la decisión final recae en la autoridad técnica o ejecutiva, no en el poder legislativo.

Eso no convierte automáticamente al esquema mendocino en inviable, pero sí lo ubica como un diseño singular dentro del mapa comparativo que evalúan los inversores internacionales. El Fraser no mide si la norma es más o menos protectora; mide cómo se percibe el riesgo del proceso.

Lo que alcanzó a medir el Fraser sobre Mendoza

El período en que se realizó la encuesta -entre agosto y comienzos de noviembre de 2025- captó el impulso político y el avance administrativo de proyectos como PSJ, pero no había ocurrido todavía la aprobación legislativa final. La confirmación parlamentaria posterior podría incidir en futuras mediciones si consolida la idea de que el sistema es exigente pero operativo. Sin embargo, incluso con resultado favorable, el diseño institucional mendocino mantiene una característica menos frecuente a nivel internacional.

Con 76,94 puntos en el índice general, San Juan se consolida en la mitad superior del ranking global. La diferencia no se explica únicamente por la geología, sino por una menor proporción de respuestas en categorías de freno fuerte en variables regulatorias y ambientales. El contraste sugiere que el debate no está en la exigencia ambiental en sí, sino en la previsibilidad y linealidad del proceso.

Desde una perspectiva mendocina, el Fraser 2025 muestra una provincia en transición. La decisión política permitió recuperar visibilidad internacional y volver al radar del capital exploratorio. El desafío ahora no es sólo sostener actividad, sino reducir la percepción de complejidad institucional en comparación con jurisdicciones vecinas que compiten por el mismo capital. En minería, la geología puede abrir oportunidades; la estabilidad del proceso es la que termina influyendo en la decisión de inversión.