El cobre que avanza y el que no: la contradictoria posición del grupo Luksic en Minnesota y en Mendoza

Mientras impulsa el desarrollo de un proyecto en Estados Unidos y analiza activos en San Juan, el conglomerado chileno es parte en Mendoza del freno judicial que impide avanzar en la exploración de Paramillos.

Por Edu Gajardo

El posicionamiento del grupo chileno Luksic frente a la minería y el ambiente quedó expuesto en tres escenarios recientes que permiten leer su estrategia con mayor claridad: en Estados Unidos, impulsa el levantamiento de restricciones para avanzar con un proyecto propio; en Argentina, analiza oportunidades en activos de gran escala como Pachón; y en Mendoza, integra una estructura que sostiene un freno judicial sobre el proyecto de cobre Paramillos, una iniciativa que no logró avanzar más allá de una efímera etapa exploratoria.

Leer la posición del grupo no es lineal. Aunque se trata de una corporación con múltiples divisiones, el esquema actual expone cada movimiento dentro de una lógica integrada, donde las decisiones en un frente tienen impacto sobre el resto. Bajo el paraguas de Quiñenco y con su división minera en Antofagasta plc, la compañía opera en distintos escenarios que terminan conectándose. En ese marco, el interés por Pachón -ubicado en la misma franja cordillerana y a pocos kilómetros de Paramillos- confirma no sólo conocimiento directo de la zona, sino también de las condiciones que atraviesan los proyectos en ese territorio.

En ese cruce de escenarios, la pregunta es cuál es la postura del grupo frente a la minería y el ambiente. La respuesta no aparece en una definición única, sino en la forma en que actúa en cada caso. Para leer esa posición, es necesario desagregar los contextos en los que interviene y observar dónde impulsa condiciones para avanzar y dónde queda asociado a esquemas que sostienen restricciones sobre los proyectos.

Estados Unidos: intervención para habilitar desarrollo

El Senado de Estados Unidos aprobó la revocación de la prohibición minera en una zona del estado de Minnesota, lo que reabre el escenario para el proyecto Twin Metals, impulsado por Antofagasta plc. La iniciativa había quedado sujeta a restricciones ambientales en los últimos años, en un proceso atravesado por cambios de administración y decisiones regulatorias sucesivas.

La compañía participó de ese proceso mediante herramientas institucionales. Registros federales indican que destinó cerca de US$600.000 a actividades de lobby en Washington durante el último año, una práctica regulada que forma parte del sistema de toma de decisiones en ese país.

El proyecto apunta a la producción de cobre, níquel y otros minerales estratégicos, en línea con la política estadounidense de fortalecer su abastecimiento interno frente a la competencia global. La iniciativa aún debe atravesar instancias de permisos ambientales y sectoriales, pero el cambio normativo vuelve a habilitar su análisis en términos operativos.

El planteo que sostiene la compañía en ese contexto se apoya en la posibilidad de desarrollar minería en entornos sensibles mediante inversión en tecnología, sistemas de control y capital humano. Bajo ese enfoque, el componente ambiental se aborda como una variable que puede ser gestionada dentro de determinados estándares técnicos y de manera sostenible.

Argentina: interés en activos de escala

En paralelo, Antofagasta Minerals evalúa oportunidades en Argentina, un país que la propia compañía identifica como una de las nuevas fronteras del cobre a nivel global. Entre los activos bajo análisis aparece El Pachón, en San Juan, un proyecto de gran escala ubicado a pocos kilómetros del límite con Chile y cercano a la operación de Los Pelambres.

El interés se encuentra en una etapa inicial y sin definiciones sobre activos específicos, aunque el análisis contempla tanto el desarrollo de programas de exploración como la posibilidad de avanzar mediante asociaciones. La cercanía geográfica y la continuidad geológica en la cordillera aparecen como factores relevantes dentro de ese esquema, junto con la posibilidad de aprovechar infraestructura, logística y servicios desarrollados del lado chileno.

El enfoque no se limita al recurso, sino a su capacidad de integrarse a un sistema productivo con escala, acceso a infraestructura y condiciones que permitan avanzar hacia etapas de desarrollo.

Mendoza: un proyecto detenido en etapa temprana

En Mendoza, el escenario es distinto. El proyecto Paramillos, ubicado en Uspallata, permanece sin avances desde hace años, condicionado por un entramado judicial que combina cuestionamientos sobre la concesión minera y la Declaración de Impacto Ambiental.

La historia del proyecto se remonta a fines de los años noventa, cuando se otorgó la concesión minera y posteriormente la Declaración de Impacto Ambiental para exploración. Sin embargo, en 2006 una acción de amparo presentada por Aguas Danone de Argentina derivó en la paralización de las actividades por cuestiones vinculadas a servidumbre minera y ambiente. Desde entonces, no logró sostener campañas exploratorias que permitan avanzar en su caracterización.

En la actualidad, el conflicto se estructura en dos causas judiciales: una que cuestiona la validez de la concesión minera y otra de carácter ambiental vinculada a la Declaración de Impacto Ambiental. Ambas se tramitan por separado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y continúan sin resolución de fondo.

Dentro de ese esquema intervienen Aguas Danone de Argentina y Aguas de Origen S.A., esta última parte del grupo Luksic a partir de su participación en el negocio de aguas en el país. A través de esa estructura societaria, el holding chileno forma parte de las acciones que cuestionan el avance del proyecto.

El resultado es una iniciativa detenida en etapa exploratoria, sin generación de nueva información técnica que permita evaluar su potencial bajo condiciones operativas concretas.

El mismo eje, con posiciones distintas

La secuencia expone una misma variable operando bajo roles distintos. En Estados Unidos, el grupo interviene para modificar restricciones que afectan de manera directa a un proyecto propio, con el objetivo de avanzar hacia instancias de desarrollo bajo estándares técnicos que considera adecuados. En Argentina, el análisis se orienta a activos que combinan escala, cercanía operativa y condiciones que permiten proyectar su integración a un esquema productivo. En Mendoza, en cambio, el mismo tipo de discusión permanece encapsulado en un proceso judicial que impide incluso avanzar en la etapa exploratoria.

El contraste se vuelve más claro cuando se observa la naturaleza del obstáculo. Las restricciones ambientales, pero no tienen el mismo recorrido. En un escenario, se busca removerlas mediante herramientas institucionales y en otra ayudan a sostenerlas dentro de una disputa para no generar información técnica adicional ni habilitar instancias de validación en campo.

Para entender ese comportamiento, el caso estadounidense permite un ejercicio comparativo de carácter hipotético. Si Antofagasta plc hubiera tenido un proyecto en Mendoza antes de la sanción de la Ley 7.722 y en Argentina existiera un esquema institucional de lobby como el que rige en Estados Unidos, no hay elementos para suponer que no hubiera intentado intervenir sobre el marco regulatorio en función de su desarrollo, del mismo modo que lo hizo en Estados Unidos. En el escenario actual, sin interés minero directo en la provincia y sin definiciones operativas en San Juan, el grupo aparece en Mendoza dentro de la estructura que sostiene el freno al desarrollo minero, a través de su vínculo societario con Aguas de Origen y su asociación con Danone.

A partir de ese punto, la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser de posicionamiento. El propio grupo sostiene en Estados Unidos que la minería puede desarrollarse bajo estándares que no impliquen afectar el ambiente, apoyado en tecnología, control de procesos y capital humano. Ese mismo criterio es aplicable a otros territorios con condiciones comparables, incluida Mendoza. La diferencia no está en la posibilidad de hacerlo, sino en por qué en un caso se impulsa avanzar bajo ese argumento y en otro se integra una estructura que impide ni siquiera considera la opción de ponerlo a prueba.

En ese recorrido, la posición del grupo no se define por una declaración, sino por su ubicación frente al mismo eje. Donde tiene intereses mineros sobre los que para avanzar, la estrategia se orienta a resolver restricciones y habilitar desarrollo. Donde no tiene ese interés minero (por ahora), la discusión permanece en el plano normativo o judicial, sin trasladarse a una instancia operativa.