El impacto de las elecciones en el desarrollo minero de Mendoza

Más allá del uso que hacen algunos sectores, principalmente en contra de la actividad, debido a la Ley 7.722 el destino de la actividad está atado a los resultados de la política partidaria.

El gran problema que tiene el desarrollo minero en Mendoza es que cualquier intento de avance está atado a la política partidaria. Ese es el gran logro de los grupos antimineros que lograron instalar una ley como la 7.722, la cual establece que la Legislatura apruebe todo expediente que tenga que ver con la actividad metalífera.

Entonces, quiéralo o no, el sector minero está condicionado por la política partidaria y también por los procesos electorales, porque la conformación de las dos cámaras de la casa de las leyes será clave para poder avanzar -por ejemplo- con un proyecto de exploración, tal como ocurrió en los últimos meses con Cerro Amarillo.

La administración provincial actual tiene mayoría en ambas cámaras y por eso en su afán de impulsar la minería con limitaciones logró pasar el primer expediente para la exploración de un proyecto minero en más de 15 años de vigencia de la ley antiminera.

Sin embargo, el quiebre que se generó en el frente oficialista que generó más allá de las dos fuerzas mayoritarias, hoy existen tres frentes que pueden sumar un número importante de legisladores. Por otro lado, también aparece la Izquierda y el Partido Verde que esperan sumar algún legislador.

Lejos de mantenerse como está actualmente, la conformación de la Legislatura después de las elecciones puede ser más diversa y tendrá injerencia directa en cualquier intención de desarrollo minero porque necesariamente mientras la 7.722 esté vigente tienen que tener una aprobación política.

Por eso, más allá de la molestia que genera y que sea la propia política la que usa electoralmente una industria como la minera, el destino de la actividad en Mendoza está atado a todo el movimiento político electoral.