La DIA de PSJ sigue firme: la Justicia rechazó todos los pedidos de suspensión

El tribunal consideró que no existían riesgos ambientales graves ni pruebas técnicas suficientes para suspender la DIA del proyecto de cobre en Uspallata, que sigue plenamente vigente.

La Justicia mendocina rechazó todas las medidas cautelares contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino. No se trata de un fallo sobre el fondo del conflicto, pero sí de una definición clara sobre los límites de la judicialización preventiva como herramienta para frenar iniciativas productivas que ya cuentan con aval administrativo y legislativo.

El Tribunal de Gestión Asociada – Primero desestimó de manera unánime los pedidos de suspensión presentados por organizaciones ambientalistas, comunidades originarias y actores particulares. En su resolución, el tribunal sostuvo que no se configuraron los requisitos excepcionales que habilitan una medida cautelar, especialmente en un caso donde el acto cuestionado —la DIA— surge de un procedimiento formal, con evaluación técnica, participación ciudadana y ratificación por ley provincial.

Uno de los ejes centrales del fallo es la evaluación del denominado “peligro en la demora”. En ese punto, la Justicia fue explícita: los daños ambientales invocados no pasaron del plano hipotético. No se aportaron estudios, informes técnicos ni evidencia concreta que permitieran sostener la existencia de un riesgo grave, actual o irreversible que justificara la paralización inmediata del proyecto. La sola invocación de escenarios posibles, sin respaldo técnico específico, no alcanza para suspender un acto estatal válido.

El tribunal también abordó el uso del principio precautorio, uno de los argumentos más reiterados en las acciones presentadas. Lejos de descartarlo, aclaró su alcance: no implica una prohibición automática ni una herramienta para bloquear preventivamente cualquier actividad extractiva. Su aplicación -señala la resolución- debe ser razonable, proporcional y fundada, ponderando no sólo el ambiente, sino también los impactos institucionales, sociales y económicos de una decisión de este tipo.

Otro aspecto relevante del fallo es el respaldo explícito a la presunción de legitimidad de la DIA y de la Ley Provincial que la ratificó. Suspender cautelarmente sus efectos, advierte el tribunal, equivaldría en los hechos a dejar sin vigencia una norma aprobada por la Legislatura, algo que sólo puede admitirse frente a una ilegalidad manifiesta, circunstancia que no fue acreditada en esta instancia.

Desde una mirada más amplia, la resolución introduce una definición que resulta clave para el debate minero mendocino: el derecho ambiental no establece una dicotomía absoluta entre ambiente y desarrollo. Por el contrario, exige compatibilización. En ese marco, el tribunal advierte sobre los riesgos de un “ambientalismo declamativo” que prescinda del análisis técnico, del mismo modo que rechaza un productivismo sin controles. La evaluación ambiental, señala, debe ser exigente, pero también institucionalmente consistente.

El rechazo de las cautelares no clausura el conflicto judicial. Las acciones principales -incluidas las de inconstitucionalidad- continuarán su trámite y deberán resolverse con producción de prueba, peritajes y un debate de fondo. Sin embargo, la decisión actual fija un límite claro: la vía cautelar no puede convertirse en un atajo para suspender proyectos cada vez que existe desacuerdo político, social o ideológico.

Para Mendoza, el fallo tiene un valor adicional. Refuerza la seguridad jurídica en una etapa en la que la provincia busca reactivar su agenda minera después de más de dos décadas de parálisis. También envía una señal hacia los proyectos en exploración y a los actores que evalúan invertir: las reglas institucionales pueden ser discutidas, pero no anuladas preventivamente sin fundamentos técnicos sólidos.

En ese contexto, PSJ Cobre Mendocino continúa su hoja de ruta con la Declaración de Impacto Ambiental plenamente vigente. El proyecto, ubicado en Uspallata, prevé una inversión superior a los US$ 559 millones, una producción estimada de unas 40.000 toneladas anuales de cobre fino en concentrado y una vida útil inicial de 16 años, con posibilidad de extensión.