Los alcances mineros de la nueva Ley de Hidrocarburos de Mendoza

El Senado sancionó la norma sin cambios. Su artículo 23 obliga a petroleras y mineras a coordinar trabajos en las áreas compartidas y, si la convivencia no es posible, deja la decisión en manos del Poder Ejecutivo, previa audiencia de las partes.

La Legislatura de Mendoza sancionó la nueva Ley de Hidrocarburos, que reemplaza a la Ley 7.526 de 2006 e incorpora un procedimiento para los casos en que un permiso o una concesión petrolera se superpone con un derecho minero. La norma anterior no tenía disposiciones sobre ese tipo de conflicto. El Senado aprobó el texto este martes por 31 votos a favor y dos en contra, sin modificar la media sanción que la Cámara de Diputados había votado el 21 de octubre.

El núcleo de la ley es petrolero. Fija una regalía de referencia del 15% para las futuras licitaciones, sobre la que las empresas podrán ofertar porcentajes mayores o menores. También suma incentivos para recuperar producción en áreas maduras, incorpora la concesión de explotación no convencional para el desarrollo de Vaca Muerta en Malargüe y crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera de hasta el 0,8% del monto de regalías y cánones.

La superposición no hace caer ningún derecho

El artículo 23 alcanza a los derechos mineros ya concedidos y a las solicitudes en trámite que se superpongan, total o parcialmente, con permisos de exploración o concesiones de explotación de hidrocarburos. La ley establece que la sola superposición no será causal de caducidad, extinción ni rechazo de ninguno de los derechos involucrados.

En esos casos, los titulares deberán procurar la coordinación técnica, operativa, ambiental y temporal de las dos actividades. Para eso tendrán que intercambiar la información necesaria y elaborar alternativas que permitan la coexistencia. Entre esas alternativas, la norma menciona la delimitación de zonas de seguridad, la coordinación de instalaciones y accesos, la secuenciación de los trabajos y medidas de prevención, mitigación y monitoreo.

Cuando no hay convivencia posible, decide el Ejecutivo

Si la coexistencia resulta técnica u operativamente imposible, o genera riesgos para las personas, el ambiente, los yacimientos o el aprovechamiento racional de los recursos, el Poder Ejecutivo resolverá con intervención de las autoridades hidrocarburífera y minera. Antes deberá realizar una audiencia con los interesados, y cuando corresponda intervendrán también las autoridades ambiental, hídrica y territorial.

La resolución deberá ser fundada. Entre los criterios que fija la ley figuran el estado de cada derecho, su prioridad temporal, la posibilidad de secuenciar las actividades, la seguridad, los impactos ambientales, sociales y territoriales, las inversiones comprometidas y ejecutadas y el interés público.

La preferencia que se otorgue a una actividad no extinguirá el derecho de la otra. El titular del proyecto postergado, limitado o impedido podrá reclamar al titular priorizado indemnizaciones por los gastos e inversiones efectivamente realizados y acreditados, incluidos los vinculados al descubrimiento.

Malargüe y Mendoza Norte, en el mapa de la nueva regla

La norma tiene alcance directo en Malargüe, el departamento que reúne la porción mendocina de Vaca Muerta y Malargüe Distrito Minero Occidental. En ese distrito, Kobrea Exploration y BHP preparan la perforación de El Destino, Argentina Metals planea perforar Las Estrellas en esta temporada y Jaguar Uranium proyecta sondajes en Huemul desde 2027.

En el norte, la regla llega mientras Mendoza Norte Distrito Minero transita su evaluación ambiental. El distrito reúne 20 proyectos y 65 propiedades mineras en Las Heras y el noroeste de Luján de Cuyo.

La ley entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. El paso siguiente será la reglamentación, a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá poner en funcionamiento el procedimiento de convivencia previsto en el artículo 23.