Metalíferos y sales: dos caminos que ya conviven en la minería mendocina

La aplicación práctica de la normativa minera en Mendoza muestra una diferencia clara entre proyectos metalíferos y de sales, con esquemas de evaluación y validación política que avanzan por carriles separados.

Mendoza dejó atrás, al menos en los hechos, la discusión binaria sobre si la minería puede o no desarrollarse en la provincia. En su lugar, comenzó a transitar una etapa más concreta y menos ideológica: la de gestionar distintos tipos de proyectos por carriles regulatorios diferenciados, aun cuando todos convivan bajo el mismo marco normativo general.

El resultado es visible en el territorio. Mientras los proyectos metalíferos avanzan con cautela, alta exposición política y paso obligatorio por la Legislatura, los proyectos vinculados a sales -potasio y litio- se mueven por un sendero administrativo más directo, sin necesidad de aval legislativo y con menores niveles de conflictividad social.

No es una discusión teórica ni una interpretación jurídica novedosa. Es lo que hoy está ocurriendo en Mendoza.

El punto de partida: misma ley, aplicaciones distintas

La Ley 7.722 sigue siendo el eje central del esquema minero mendocino, pero su aplicación práctica comenzó a mostrar matices claros. En particular, la distinción entre minería metalífera y proyectos de sales terminó ordenando, de hecho, dos formas diferentes de tramitación y validación política.

En los proyectos metalíferos, la secuencia es conocida: evaluación ambiental, Declaración de Impacto Ambiental y ratificación legislativa. Es un camino largo, exigente y altamente visible, como se vio con PSJ Cobre Mendocino o, más recientemente, con los proyectos de exploración del Malargüe Distrito Minero Occidental.

En cambio, los proyectos de sales no quedan alcanzados por ese esquema político-legislativo, aun cuando atraviesan procesos ambientales completos. Esa diferencia, que durante años fue motivo de confusión, hoy empieza a consolidarse como una práctica aceptada dentro del propio Gobierno provincial.

Sales: un camino administrativo que ya está en marcha

El caso del proyecto Potasio Cancambria es ilustrativo. Tras la realización de su audiencia pública y con un alto nivel de adhesión ciudadana, el proyecto avanza dentro del esquema administrativo sin requerir paso por la Legislatura provincial. Lo mismo ocurre con el proyecto de litio Don Luis, que también superó su audiencia pública en el sur mendocino y continúa su evaluación ambiental sin necesidad de aval político.

Estos proyectos confirman un punto clave: la minería de sales en Mendoza tiene hoy un recorrido institucional distinto, más corto y con mayor previsibilidad en términos de tiempos. No porque enfrenten menos controles, sino porque no activan el componente político que sí acompaña a los emprendimientos metalíferos.

Incluso Potasio Río Colorado, el proyecto más emblemático y problemático de la provincia, nunca pasó por la Legislatura, ni cuando estaba en manos de Vale ni en su actual esquema societario. Su estancamiento no responde a la Ley 7.722, sino a una combinación de problemas logísticos, financieros y de gestión que siguen sin resolverse.

Metalíferos: el carril más complejo y más observado

En el otro extremo se ubican los proyectos metalíferos, donde cada avance tiene una carga simbólica y política mayor. PSJ Cobre Mendocino es el ejemplo más claro: su aprobación legislativa marcó un hito, pero también dejó en evidencia que este tipo de minería en Mendoza avanza con una lupa distinta.

Algo similar ocurre en Malargüe, donde el Distrito Minero Occidental empezó a destrabar exploración metalífera, pero bajo un esquema de control reforzado, con participación ciudadana, unidades de gestión ambiental y auditorías permanentes. El Perdido, el proyecto más avanzado del distrito, se encamina a convertirse en el primero en perforar, pero lo hace en un marco de supervisión que no se replica en los proyectos de sales.

No es casual. La minería metalífera concentra mayor sensibilidad social, mayor debate político y un nivel de escrutinio que obliga a la provincia a administrar cada paso con extremo cuidado.

Una estrategia implícita: avanzar sin forzar el sistema

Lejos de una definición explícita, Mendoza parece haber adoptado una estrategia gradualista. En lugar de forzar un cambio abrupto sobre la minería metalífera, la provincia habilita primero los proyectos que generan menor resistencia y permiten construir experiencia institucional, técnica y social.

En ese esquema, los proyectos de sales funcionan como una especie de “zona de aprendizaje”: audiencias públicas, evaluaciones ambientales, controles técnicos y participación ciudadana, pero sin el desgaste político que implica cada debate legislativo.

La minería metalífera, en cambio, avanza cuando están dadas las condiciones, proyecto por proyecto, sin atajos y con mayor exposición.

Un modelo mendocino en construcción

Más que una contradicción, lo que hoy se observa es un modelo en construcción, donde Mendoza intenta compatibilizar su potencial geológico con una historia de desconfianza y frenos acumulados durante más de una década.

La coexistencia de dos carriles —metalíferos y sales— no implica una jerarquía entre proyectos, sino una forma de ordenar riesgos, tiempos y consensos. En los hechos, la provincia ya no discute si la minería puede existir, sino cómo, dónde y bajo qué condiciones avanza cada tipo de emprendimiento.

El resultado es una minería menos uniforme, pero quizás más realista: una Mendoza que empieza a moverse, no de una sola vez, sino por partes.