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No son ambientalistas, son antiminería

Con el tratamiento legislativo del proyecto con la Declaración de Impacto Ambiental reaparecen algunos especialistas o militantes de causas ambientales, pero en realidad sus acciones sólo apuntan contra la actividad minera.

Por Edu Gajardo


La discusión en torno a la actividad minera en Mendoza está empantanada y cada vez que aparece una nueva iniciativa volvemos a foja cero y se inicia un circulo en que no se dan pasos adelante, una cuestión que es altamente satisfactoria para los sectores antiminería, los cuales prefieren esquivar un diálogo que avance sobre la cuestión técnica.


Desde el periodismo también volvemos a los mismos errores, haciendo las misma preguntas que hemos hecho desde el año 2007, apuntando a un Boca-River sin sentido y sin avanzar en la información profunda que necesita el ciudadano para entender bien qué es la minería y cómo se hace. Claramente preferimos un titulo "vendedor" y controvertido, pero no avanzar en un rol informativo más allá de la contingencia básica.


En los mismos medios es posible ver como en cada evento relacionado con la minería aparecen las mismas voces para oponerse a lo que sea que esté relacionado con la actividad. Ocurre desde el 2005 y en cada oportunidad en que se intentó avanzar con alguna etapa de desarrollo minero. En 2019 estuvieron y ahora, tres años después, vuelven a aparecer.


Ellos se denominan ambientalistas, pero lo cierto es que son activistas antiminería, porque en tres años no se les vio en las calles o en los medios denunciando hechos reales, concretos y gravísimos. Por ejemplo, ninguno habló nunca de la contaminación de acuíferos por pozos en mal estado, uso de agroquímicos y salinización de suelos en el Valle de Uco. Esto último no se trata ni siquiera de una denuncia a confirmar, sino que se trata de algo escrito en el Plan de Ordenamiento Territorial, en una ley provincial. (página 17 de la Ley 8.999, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, situación de UIT 1B y UIT 1C).


Pero más allá del ejemplo puntual, con el envío desde el Ejecutivo del proyecto con la Declaración de Impacto Ambiental para la Exploración de Cerro Amarillo, está quedando demostrado que lo que realmente buscan es frenar cualquier intento de avance de una actividad. No quieren que avance nada, incluso cuando se trata de una mera exploración que para poder convertirse en un proyecto minero viable tiene que pasar numerosos procesos técnicos y de factibilidad económica que pueden demorar hasta una década.


La postura es siempre decir no a todo, buscando cualquier argumento posible. Como la 7.722 no puede frenar una etapa exploratoria, apuntan a cuestiones administrativas que caen en el ridículo, como la supuesta actualización de la DIA. Claramente la declaración no entra en vigencia y, por lo tanto, no tiene efecto hasta que la Legislatura la apruebe, cuestión que la misma 7.722 define.


Sin embargo, y para que no queden dudas, también lo dice la Corte Suprema en su fallo por el caso San Jorge, donde señala: "Hasta aquí, la DIA, se entiende como un acto administrativo, pero también puede constituir un acto preparatorio. El acto que con posterioridad a su emisión debe ser aprobado por otra autoridad no nace al mundo jurídico, aún estando firmado, mientras dicha aprobación no se produce; es decir no puede mientras tanto producir efectos jurídicos. Si dicho acto no aprobado es ejecutado a pesar de ello, los actos de ejecución son nulos. Dicho lo que antecede, la DIA conforme el art. 3 de la ley es un acto preparatorio que necesita de la ratificación legislativa para producir sus efectos jurídicos".


Pues bien, todos estos son datos técnicos, pero para el activista antiminería siempre habrá alguna alternativa para buscar frenar cualquier avance posible. La presión que ejercerán sobre los legisladores no será menor y no hay que dudar que cuando falten argumentos, el peso de la calle también lo pueden hacer sentir y hacer creer que representan la voz de todos los mendocinos, aunque no sea real.


Sin embargo, y para que sepamos quién es quién en este contexto, dejemos claro que no son ambientalistas, son antiminería.

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