Cornejo y la 7.722: una ley que dio previsibilidad, pero politizó la minería

El gobernador sostuvo que el sistema actual no existe en otros países y genera incertidumbre para proyectos millonarios, en un contexto en el que Mendoza busca acelerar.

Mendoza llega tarde al desarrollo minero en comparación con otras provincias, pero el escenario económico y político abre ahora una ventana que -según el gobernador Alfredo Cornejo- ya no admite demoras. En declaraciones a Radio Nihuil, el mandatario trazó un diagnóstico crudo sobre la situación del país y de la provincia: “Argentina no está haciendo minería como debiera ser”, afirmó, y ubicó a Mendoza y Chubut entre las jurisdicciones más rezagadas, pese a su potencial geológico.

Para Cornejo, el retraso mendocino no puede explicarse solo por decisiones locales. Señaló que durante años el contexto macroeconómico actuó como un freno estructural. “Si no hubiese cambiado el paradigma económico en la Argentina, ninguna provincia estaría haciendo minería en cantidad”, sostuvo, al relativizar incluso los casos que suelen presentarse como modelos. En ese marco, advirtió que la discusión no pasa por comparar, sino por reconocer que el país en su conjunto quedó muy por detrás de sus posibilidades.

Ese diagnóstico es el punto de partida de una afirmación que marca un quiebre discursivo: Mendoza, dijo, va a entrar a la minería “en serio” y en el corto plazo. “No estamos hablando de 20 o 30 años, es un futuro inmediato”, señaló, al vincular ese horizonte con proyectos concretos y con una decisión política de avanzar, aun en un contexto social complejo.

En ese camino, la ley 7722 vuelve a ocupar un lugar central. Cornejo planteó una mirada menos lineal que la que domina el debate público. Reconoció que la norma, históricamente vista como un freno, terminó funcionando como un factor de previsibilidad para los proyectos que lograron avanzar. “La 7722 se transformó en un elemento de seguridad jurídica para esos proyectos”, afirmó, al recordar que las iniciativas aprobadas lo fueron por amplias mayorías legislativas y bajo reglas claras.

Sin embargo, el gobernador fue crítico con uno de los pilares del esquema actual: el paso de las declaraciones de impacto ambiental por la Legislatura. Calificó ese mecanismo como una anomalía institucional. “Es ridículo que una declaración de impacto ambiental tenga que pasar por la Legislatura provincial. Eso no pasa en ningún lugar”, dijo, y lo comparó con situaciones administrativas básicas que no requieren validación política. Para Cornejo, se trata de un tema técnico que debería resolverse en el ámbito de las autoridades ambientales y mineras.

Ese punto, advirtió, genera ruido más allá de las fronteras provinciales. Señaló que existen cuestionamientos desde el exterior cuando se analiza el marco institucional mendocino. “Para una inversión de 3 mil millones de dólares, tener que pasar por una instancia política es muy grosero”, sostuvo, al marcar que el esquema actual introduce incertidumbre en proyectos de gran escala.

Pese a esas críticas, Cornejo dejó en claro que hoy no están dadas las condiciones políticas ni sociales para modificar la 7722. Dijo haber evitado deliberadamente abrir una nueva polémica y apuntó a la radicalización del debate. Relató casos de escraches a legisladores que, aun cumpliendo el procedimiento que fija la ley, fueron igualmente señalados. “Eso muestra que hay sectores que no quieren escuchar ningún argumento”, planteó.

En ese contexto, diferenció entre quienes tienen dudas legítimas y quienes adoptan posiciones intransigentes. “Al fanático no hay forma de convencerlo”, afirmó, y sostuvo que el sistema político debe trazar límites claros. “Las opiniones son libres, incluso las mentiras. Pero los hechos son sagrados”, resumió, al defender el derecho a protestar sin violencia.

El mensaje de fondo es doble. Por un lado, Mendoza reconoce su atraso en materia minera y busca recuperar tiempo perdido en un escenario económico que considera más favorable. Por otro, el debate institucional -con la 7722 en el centro- aparece como una discusión pendiente, que el propio gobernador admite que hoy no puede resolverse, pero que seguirá condicionando el ritmo y la escala del desarrollo minero en la provincia.