Del papel al terreno: 10 claves del nuevo sistema de auditorías mineras

La Secretaría de Minería aprobó un manual que unifica criterios de fiscalización, incorpora auditorías en campo y estructura el control sobre los beneficios fiscales del régimen.

La Secretaría de Minería de la Nación aprobó un Manual de Procedimientos de Auditoría para la Ley 24.196 que redefine cómo el Estado controla el uso de los beneficios fiscales en la actividad minera. La medida, oficializada mediante la Resolución 21/2026, no modifica el régimen en sí, pero sí establece un esquema técnico unificado que ordena, estandariza y profundiza la fiscalización sobre empresas y proyectos inscriptos.

El documento, elaborado por la Dirección Nacional de Inversiones Mineras (DNIM), introduce por primera vez un marco metodológico detallado para las auditorías, con alcance contable, legal y geológico, y con verificación directa en campo. A continuación, las claves del nuevo esquema:

1. Auditorías integrales y multidisciplinarias

El manual establece que las auditorías dejan de ser exclusivamente administrativas para convertirse en procesos integrales que combinan:

• análisis contable

• revisión legal

• evaluación geológica

• verificación operativa

Esto implica la participación coordinada de distintas áreas técnicas de la DNIM, con un enfoque que apunta a validar no sólo la documentación, sino la consistencia técnica de cada proyecto.

2. Incorporación obligatoria de auditorías in situ

Uno de los cambios más relevantes es la formalización de inspecciones en campo como parte central del proceso:

• visitas a proyectos mineros

• constatación física de bienes importados

• verificación de documentación en sitio

Estas auditorías permiten contrastar lo declarado por las empresas con la realidad operativa, incorporando un nivel de control directo que hasta ahora no estaba sistematizado.

3. Foco en los beneficios fiscales del régimen

El esquema se estructura sobre los principales incentivos de la Ley 24.196, con auditorías específicas sobre:

• Deducciones impositivas (gastos de exploración, estudios y previsiones ambientales)

• Amortización acelerada de inversiones

• Importaciones con beneficios fiscales (bienes de capital e insumos sin aranceles)

El objetivo es verificar la correcta aplicación de estos beneficios y su correspondencia con la actividad minera real.

4. Verificación del uso efectivo de bienes importados

En el caso de importaciones bajo el régimen, el manual establece controles específicos:

• identificación de los bienes ingresados

• verificación de su existencia

• comprobación de su uso en actividades mineras

Esto apunta a asegurar que los beneficios arancelarios se utilicen exclusivamente para los fines declarados.

5. Creación de un Programa Anual de Auditorías

Se institucionaliza un esquema de planificación que incluye:

• un Programa Anual de Auditorías (PAA)

• definición del universo de empresas a auditar

• criterios de selección (beneficios utilizados, volumen de operaciones, ubicación)

A partir de este programa, se establecen cronogramas mensuales que organizan la ejecución de las auditorías.

6. Trazabilidad completa del proceso

Cada auditoría debe quedar documentada en un expediente específico que incluye:

• notificación al beneficiario

• actas de auditoría y relevamiento

• informes técnicos

• descargos de la empresa

• informe final

Toda la información se vincula al Registro de Inversiones Mineras (RIM), consolidando un sistema de seguimiento integral.

7. Evaluación técnica del estado de los proyectos

Las auditorías incorporan un componente de relevamiento que permite registrar:

• etapa del proyecto (exploración, factibilidad, producción, cierre)

• estado operativo (activo, inactivo, mantenimiento)

• capacidad productiva e instalada

Esto transforma la auditoría en una herramienta de actualización técnica del mapa de proyectos.

8. Control específico sobre prestadores de servicios

El manual incluye criterios para empresas de servicios mineros, que deberán:

• acreditar que al menos el 60% de su facturación corresponde a servicios mineros

• presentar declaraciones juradas anuales certificadas

El objetivo es evitar desvíos en el uso de beneficios dentro del régimen.

9. Procedimiento formal de descargos y sanciones

Se establece un circuito claro para la interacción con las empresas:

1. emisión del informe técnico

2. notificación al beneficiario

3. plazo de 10 días para descargos

4. análisis técnico complementario

5. informe final

En caso de incumplimientos, se habilita la posibilidad de iniciar actuaciones sumariales o ajustar la inscripción en el régimen.

10. Base para futuras modificaciones del régimen

El propio texto señala que la información generada a partir de las auditorías será utilizada para:

• cruzar datos

• mejorar la fiscalización

• evaluar posibles cambios normativos

Esto posiciona al manual no sólo como una herramienta operativa, sino como un insumo para la evolución del régimen minero.

En conjunto, el nuevo esquema no altera los beneficios de la Ley 24.196, pero sí redefine el estándar de control sobre su aplicación. El foco pasa de la declaración a la verificación, con un sistema que incorpora inspección en campo, análisis técnico y trazabilidad completa de cada auditoría. Un cambio que impacta directamente en cómo se monitorea la actividad minera en el país.