Ley de Glaciares y minería: Cornejo respalda una reforma para alinear ambiente e inversión

La iniciativa nacional busca redefinir el alcance de la protección glaciar y fortalecer a las autoridades provinciales, en un contexto en el que Mendoza avanza en la reactivación de su actividad minera.

El envío al Congreso del proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares abrió un nuevo capítulo en la discusión entre Nación y provincias sobre el alcance de la norma ambiental. En ese contexto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei, aunque dejó en claro que la provincia atraviesa hoy un debate propio, con tiempos y prioridades distintas a las de otros distritos mineros.

Mientras algunas provincias mantienen negociaciones directas con la Casa Rosada para destrabar proyectos o redefinir marcos regulatorios, Mendoza se posiciona en un lugar diferente: acompaña la reforma, valida su espíritu técnico, pero sin convertirla en un eje central de su agenda minera. La provincia está enfocada, más bien, en un proceso interno de reactivación de la actividad después de casi dos décadas de freno, que tuvo un punto de inflexión con la aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Una reforma que Mendoza dice ya aplicar

La iniciativa enviada por el Ejecutivo nacional propone reforzar el rol de las autoridades provinciales en la identificación y control de glaciares y ambientes periglaciares, incorporando el concepto de “función hídrica efectiva” como criterio clave. Bajo este esquema, todas las geoformas inventariadas permanecen protegidas hasta que la autoridad ambiental competente verifica que no cumplen funciones hídricas estratégicas, momento a partir del cual dejan de estar alcanzadas por las restricciones de la ley.

Cornejo sostuvo que ese enfoque no representa una novedad para Mendoza. “Los procedimientos que le quedan a la ley y lo que ha mandado el Poder Ejecutivo al Congreso cumplen con lo que ya hace Mendoza en sus proyectos de minería”, afirmó, al explicar que en cada evaluación ambiental se consulta al IANIGLA, que revisa el área de intervención y realiza un inventario específico previo a cualquier autorización.

En esa línea, el gobernador remarcó que la provincia viene aplicando estos criterios en las declaraciones de impacto ambiental aprobadas por la Legislatura durante 2024 y 2025, y que la reforma nacional, más que introducir un cambio de fondo, busca ordenar interpretaciones que -según su visión- bloquearon proyectos durante años.

Apoyo político, pero sin sobreactuar el debate

El respaldo de Mendoza a la modificación de la Ley de Glaciares no se traduce en una ofensiva política ni en un alineamiento automático con la estrategia nacional. A diferencia de otros gobernadores que colocan la discusión en el centro de su relación con la Nación, Cornejo eligió un tono más técnico y distanciado, consciente de que la provincia tiene hoy otro desafío principal: instalar nuevamente a la minería como actividad productiva viable y socialmente aceptada.

En ese marco, el gobernador subrayó que en Mendoza “todas las declaraciones de impacto ambiental hicieron el inventario y ninguno de los proyectos está en zona glaciar”, y dejó una definición que busca bajar tensiones: “Nadie pretende hacer ni minería ni ninguna otra actividad en zona de glaciares”.

Respecto de los ambientes periglaciares, reconoció que existen áreas donde se analizan proyectos, pero insistió en que allí se exigen estudios específicos para evitar impactos sobre los sistemas hídricos, una práctica que la provincia sostiene como estándar técnico.

PSJ, como antecedente y no como eje

Si bien la reforma de la Ley de Glaciares no condiciona el único proyecto metalífero avanzado en Mendoza, PSJ aparece en el trasfondo como un antecedente político relevante. La aprobación legislativa del proyecto marcó el primer avance concreto hacia una minería productiva en casi 20 años y abrió un proceso que el Gobierno provincial busca consolidar con cautela, control y gradualismo.

Desde esa lógica, la postura de Mendoza frente a la reforma nacional no busca acelerar debates externos, sino ganar previsibilidad interna, fortalecer los procedimientos ambientales y evitar que la discusión sobre glaciares vuelva a convertirse en un obstáculo interpretativo en una provincia que recién comienza a reordenar su política minera.